PROPUESTA PAÍS
Tolerancia cero al delito
Los números del delito son inaceptables. Ningún gobierno logró implementar una estrategia que permita revertir un deterioro de la seguridad y la convivencia. Las denuncias de homicidios mantienen una tendencia al alza habiéndo incrementado un 25% entre 2021 y 2023. De la totalidad de homicidios, solamente se logra aclarar un 42%.
La seguridad puede cambiar sustancialmente y lo primero es vencer ese derrotismo de que no se puede hacer nada. Estamos en condiciones de transformar esta realidad aplicando las medidas apropiadas en materia de prevención, disuasión y represión del delito, así como políticas de rehabilitación. Cabildo Abierto ha presentado propuestas a los ministros del Interior y en las reuniones multipartidarias que fueron convocadas, pero las mismas no han sido consideradas.
Enfrentar el actual nivel de amenazas con los recursos disponibles, exige una postura profesional, anticipatoria y operativamente más eficaz en la gestión. Para lograrlo, Cabildo Abierto propone un concepto estratégico holístico y moderno que permita el abordaje de los distintos aspectos y escenarios de una forma integral, en donde debe considerarse la participación y compromiso de diferentes organismos. Y tiene al líder con la autoridad y experiencia necesaria para llevarlo adelante.
Propuesta:
Significativo aumento de la presencia policial junto al vecino mediante el fortalecimiento de las comisarías de barrio, patrullaje continuo en zonas críticas e implementación de una policía de cercanía.
Combate efectivo al narcotráfico dotando a las reparticiones involucradas de los medios necesarios: escáneres en las puertas de entrada al país, radares y aviones para el control del espacio aéreo y embarcaciones para el control de nuestro mar territorial.
Instalación de una cárcel de máxima seguridad en la que los presos más peligrosos y cuya convivencia pueda significar un riesgo para el resto, se internen en condiciones especiales de aislamiento y control. La custodia y operación de esta cárcel podrá estar a cargo de las Fuerzas Armadas.
Implementación del trabajo obligatorio para la totalidad de los presos, como forma de crearles un hábito de trabajo y una habilidad, lo que les facilitará su inserción en la sociedad cuando salgan de la cárcel.
Motivación al cuerpo policial: cambios en los sistemas de ascensos en los que prime la antigüedad calificada.
Apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía en tareas que no las aparten de sus funciones específicas.
La inseguridad crece si la justicia es débil
Desde hace varios años hay un deterioro en la confianza de los uruguayos en la justicia penal. Se ha dado un notorio apartamiento de algunos jueces y fiscales a los principios generales del Derecho, con procesos claramente desvirtuados por posturas ideológicas y por conveniencias políticas. También con graves y reiterados episodios de filtraciones internas de investigaciones que están en curso.
Cabildo Abierto ha planteado una urgente reforma de la Fiscalía General de la Nación y denunciado repetidamente las violaciones a las garantías fundamentales en los procesos penales. Es fundamental restablecer esas garantías para todos los ciudadanos, preservar la independencia del Poder Judicial y el contralor entre los distintos poderes del Estado.
Los asesinos, violadores y narcotraficantes no pueden seguir negociando sus penas, tienen que cumplirlas con todo el rigor de la ley. Además, es sumamente importante avanzar en legislación que permita perseguir eficazmente los ciberdelitos y el lavado de activos.
Propuesta:
Establecer el delito de prevaricato, con penas mucho más severas de las hoy previstas para el delito de «abuso de funciones», para aquellos jueces y fiscales que se aparten de los principios del Derecho y provocan intencionalmente que un inocente sea privado de su libertad o un culpable quede libre.
Una nueva estructura para el Código del Proceso Penal que fue aprobado por unanimidad en 2017 y sufrido decenas de reformas. Crear una comisión de expertos para su redacción y modificación sustancial.
Insistir con nuestro proyecto de ley de prevención y represión de la Ciberdelincuencia, incorporando nuevas situaciones que se presentan.
Promover una legislación sobre Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, habilitando una mejor persecución del crimen organizado trasnacional y nacional tipificando a las empresas delictivas.
La droga ataca a nuestros jóvenes
El problema de la droga no ha dejado de avanzar en nuestra sociedad y la ley que legalizó la marihuana ha tenido como efecto inmediato el aumento exponencial de los adictos. La mayoría de las veces las familias no tienen los recursos necesarios para pagar un tratamiento, por lo que la situación no deja de agravarse, adquiriendo en su etapa final connotaciones trágicas.
Desde hace años se mantiene un paradigma de «disminución de riesgos y daños» con un enfoque equivocado de la Junta Nacional de Drogas. Frente a esto proponemos una educación y prevención específica que busque evitar el consumo y se centre en la adquisición de habilidades para la vida.
Cabildo Abierto impulsó la ley de internación compulsiva a los adictos y otro proyecto en estudio para la internación de los adictos privados de libertad, como medidas sustitutivas de la cárcel. También votamos una partida de 20 millones de dólares para atender la salud mental y las adicciones, aunque sigue siendo insuficiente.
Propuesta:
Insistir con una campaña, a través de los medios de comunicación y del sistema educativo, de sensibilización en la población del daño físico, psíquico, familiar y social irreversible que ocasiona el consumo de sustancias.
Aumentar significativamente la infraestructura necesaria para la recuperación de adictos y dar efectiva respuesta al problema, mejorando la cobertura y calidad del tratamiento.
Profesionalización y habilitación de comunidades terapéuticas, así como fortalecer y homogeneizar la práctica de los profesionales de todo el sistema de salud. Promover distintos programas vinculados a la familia, la educación, el tiempo libre y la comunidad.
Una familia no puede depender del estado
Los últimos gobiernos afectaron seriamente la institución familiar. Implementaron políticas que la debilitaron y dejaron como resultado a individuos cada vez más dependientes del Estado. Sostenemos lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Constitución respecto a la familia como base de la sociedad, así como el deber y derecho de los padres a la educación de sus hijos. Cabildo Abierto es el único partido que se ha expresado en contra de la ideología de género calificándola de perversa. Ha impulsado la ley de corresponsabilidad en la crianza de los hijos y modificaciones en la ley 19.580 de violencia de género que ha perjudicado seriamente -a veces en forma irreparable- la relación entre padres e hijos.
Hemos presentado un proyecto para estimular los nacimientos en Uruguay y advertido del desafío demográfico durante el debate de la seguridad social. Protegeremos la vida desde la concepción y seguiremos oponiéndonos al descarte de personas por intermedio de la eutanasia.
Propuesta:
Aplicar programas similares al de «Familias Fuertes» que lleva adelante el MSP y propiciar políticas interinstitucionales para acompañar la maternidad-paternidad, desde la inclusión laboral, los cuidados, las licencias y la vivienda.
Modificar la ley de violencia de género que provoca muchas situaciones injustas en los vínculos entre padres e hijos y eliminar la ideología de género de la enseñanza de niños y adolescentes.
Seguir mejorando el régimen de adopciones –que se perfeccionó en la LUC- para agilizar los trámites y evitar los abortos. Establecer deducciones de impuestos al IRPF para favorecer la educación de los hijos. Universalización de los cuidados paliativos y rechazo al proyecto de eutanasia.
Politicas para jóvenes que no estudian ni trabajan
Durante mucho tiempo escuchamos a los políticos decir que los jóvenes son el futuro, pero se equivocan. Los jóvenes son el presente. Hoy sufrimos que el 50% de nuestros jóvenes no terminan sus estudios secundarios y de ellos la mitad no consiguen trabajo. Además, hay 121 mil menores de 30 años que se encuentran en la categoría de deudores irrecuperables.
Hay cerca de 113 mil jóvenes que no estudian ni trabajan. El Estado uruguayo debe implementar un plan para atender esta realidad, dado que siempre será menos costoso que atender las consecuencias. Lo tiene que hacer con programas focalizados, con la promoción masiva de la práctica de deportes y por supuesto profundizando la transformación educativa, la formación profesional básica hacia la inserción laboral y las medidas orientadas al empleo juvenil.
Propuesta:
Implementar cursos de capacitación de 6 meses de duración, en régimen de semi internado, en instalaciones públicas con capacidad para ello (campos estatales, cuarteles, locales educativos) con instructores apropiados para proporcionar conocimientos de educación cívica, higiene personal (incluye aspecto sanitario, físico y bucal) y nociones básicas de oficios.
Mantener y profundizar el programa “ACCESOS” (Ley 19996), en el entendido que los sectores más vulnerables de la sociedad necesitan el mayor apoyo del Estado. Se buscarán hacer los ajustes necesarios, a nivel ejecutivo y legislativo, a fin de incrementar la empleabilidad de los participantes del programa.
Reforzar lo realizado en el marco de la Ley de Promoción de Empleo n° 19973 de 2021 a fin de estimular el empleo de jóvenes menores de 29 años, mayores de 45 años y personas con discapacidad. Se continuará haciendo énfasis en personas desempleados pertenecientes a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Llevar a cabo una descentralización de políticas deportivas con Programas que lleguen a todo el territorio nacional, a través de la infraestructura de SENADE, Intendencias y/o Municipios ya existente y/o creando nuevas instalaciones en lugares que lo ameriten.
Prohibiremos la forestación de las mejores tierras del país
El gobierno no regula el uso de los suelos forestales ni preserva las tierras agrícolas para producir alimentos. Las consecuencias están a la vista: reducción del área de producción de alimentos y aumento de la emigración rural. Sabido es que nuestro país produce alimentos para 30 millones de personas y tiene capacidad de hacerlo para 20 millones más, en un mundo que cada vez tendrá mayor demanda.
Actualmente cierran casi 65 tambos al año, lo que es algo especialmente grave si tenemos en cuenta lo difícil que es recuperar esa actividad una vez que queda desmantelada. Existe una competencia desleal entre los sectores productivos, ya que el forestal tiene beneficios que no tienen los otros, por lo que pueden pagar por la tierra montos que los demás no pueden afrontar. El avance ilimitado del modelo celulósico va generando «desiertos verdes» en zonas donde antes existía actividad agrícola y pecuaria.
Cabildo Abierto impulsó una ley que fue vetada por el Poder Ejecutivo que proponía regular el uso de los suelos forestales y preservar las tierras agrícolas para la producción de alimentos. Además, en materia ambiental defendimos el sistema de áreas protegidas durante la discusión de la LUC.
Propuesta:
Insistir en una regulación de uso de suelos común para todos los departamentos.
Revisar los subsidios de los sectores productivos para evitar desequilibrios en el mercado y promover el poblamiento de zonas rurales.
Políticas ambientales que pongan especial énfasis en el cuidado del agua.
Fortalecimiento de la previsión de eventos hidro-meteorológicos extremos y los Sistemas de Alerta Temprana para Uruguay para reducir el impacto socioeconómico, a través de la mejora de la información climática, los sistemas de alerta temprana y fomentando la investigación.
Vamos a cuidar el dinero de los uruguayos
Es notable la falta de auditorías sobre el uso del dinero estatal. Los uruguayos debemos saber qué se hace con nuestro dinero. Las auditorías anunciadas en la campaña electoral o no se han realizado o fueron limitadas, salvo algunas pocas excepciones que indefectiblemente terminan en la Justicia.
Cabildo Abierto ha apoyado a nivel parlamentario las comisiones investigadoras en aquellas reparticiones del Estado sospechadas de haber hecho un mal uso de los dineros públicos, ha realizado pedidos de informes a distintos ministerios y presentó un proyecto de ley para que las auditorías sean obligatorias y no dependan de la discrecionalidad del jerarca de turno.
Además, dimos nuestro voto en el Senado para el proyecto que establecía el concurso o sorteo para el ingreso de funcionarios a las intendencias departamentales, aunque no alcanzó la mayoría. También presentamos un proyecto de ley para establecer el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, llenando un vacío legal impostergable.
Propuesta:
Dentro de los 180 días contados a partir del inicio de una nueva Administración de Gobierno se practicarán auditorías de gestión en todos los ministerios, entes autónomos y servicios descentralizados del dominio comercial, industrial y financiero y de toda empresa pública actuando bajo régimen de derecho privado.
Estas auditorías de gestión serán practicadas por equipos de profesionales que sean funcionarios públicos cuidando que cada equipo actúe en una repartición distinta a las de origen de los profesionales actuantes.
Insistir con el proyecto de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, estableciendo que los que no puedan justificar el origen de los fondos que acrediten un incremento patrimonial significativo, serán sancionados con una pena de 20 meses de prisión a seis años de penitenciaría con multa económica e inhabilitación de 5 a 10 años, sin perjuicio de las incautaciones y confiscaciones de bienes y activos que correspondan.
Presentar un proyecto de transparencia para el ingreso por sorteo o concurso a los gobiernos departamentales.
Priorizaremos al productor uruguayo
Desde hace muchos años las políticas que se llevan adelante desestimulan al micro, pequeño y mediano comerciante, empresario y productor nacional. Sin embargo, para los inversores extranjeros hay todo tipo de beneficios, concesiones y exoneraciones, con las que no cuenta el emprendedor uruguayo.
Nuestro país ha instaurado un sistema tributario cada vez más sesgado contra el trabajo. Un claro ejemplo es el IRPF, un impuesto regresivo que atenta contra los que trabajan más y buscan progresar. Cabildo Abierto presentó en febrero de 2021 un documento con 22 medidas para estimular al trabajo nacional y sacar la pesada mochila a los sectores medios del país, fundamentalmente teniendo en cuenta las consecuencias de la pandemia de covid-19. Además, promovimos la ley de personería jurídica de los sindicatos y reglamentamos las huelgas para garantizar el derecho a trabajar.
Convocamos a los partidos políticos a considerar el establecimiento de un Consejo de la Economía Nacional (previsto en el artículo 206 de la Constitución) integrando a empresarios, trabajadores, la academia y el Estado, apuntando a políticas de crecimiento donde no haya medio país poniendo obstáculos a la otra mitad, aunque no tuvimos eco en el sistema político. En esa línea contribuimos a una impostergable reforma de la seguridad social, incorporando varias mejoras a la ley, tanto en el cálculo jubilatorio como respecto a las inversiones de las AFAPS.
Propuesta:
Implementar los cambios necesarios en el IRPF para transformarlo en un verdadero impuesto a la renta y no al trabajo.
Instrumentar el IVA personalizado de forma de que paguen la tasa máxima los sectores más pudientes y tasa cero los más carenciados. Exigir contrapartidas claras a los beneficiarios de los distintos planes de ayuda social que brinda el Estado.
Promover a las micro, pequeñas y medianas empresas, aplicando exoneraciones tributarias en sus primeros dos años de existencia y premiándolos de acuerdo a su productividad.
Impulsar el empleo mediante estímulos significativos a aquellas empresas que aumenten su plantilla de empleados.
Desarrollo de la pesca que permita aumentar significativamente la producción del mar y recuperar los puestos de trabajo perdidos.
Basta de los intereses excesivos
Un millón de uruguayos tiene dificultades para asumir el pago de las deudas que mantienen con prestamistas o con el Estado. Se ha llegado a esta situación porque se les están aplicando intereses excesivos (usura) que pasan a ser escandalosos cuando existen incumplimientos del deudor, que empujan a la gente a quedar fuera del sistema financiero.
Cabildo Abierto presentó en 2020 un proyecto de ley para solucionar este problema. Al haber sido ignorado por el resto del sistema político, ha salido a recoger las firmas necesarias para que, mediante un plebiscito constitucional, se cumpla con el art. 52 de la Constitución que prohíbe la usura.
La insistencia en estos temas permitió que en estos años se alcanzarán en el Parlamento algunos acuerdos significativos por ejemplo para que personas en el Clearing no pierdan acceso a servicios básicos y vivienda, así como también la reestructura y solución para deudores en UR del BHU y la ANV.
Propuesta:
Reestructura de las deudas de las personas físicas en base al concepto de deuda justa, que se define como la deuda inicial llevada a unidades indexadas a la que se le suma el 4% anual y se le resta lo ya pagado por el deudor.
Establecer límites a las tasas de interés mediante una ley con mayoría especial y mientras no se dicte esa ley se aplique un interés máximo, por todo concepto, del 30% más la inflación.
Promover la educación financiera y controlar la publicidad engañosa sobre todo de los préstamos al consumo.
Construimos nuestro futuro
Con todos los desafíos que enfrenta Uruguay hoy en día, es importante tener líderes políticos comprometidos y capaces de tomar decisiones informadas y justas para el bienestar de la sociedad.
Guido Manini Rios
Senador
Irene Moreira
Senadora
Martin Sodano
Diputado
Rodrigo Albernaz
Diputada